Adolfo Pérez López
El conflicto producido en Garrucha por las obras de ampliación del muelle llamado comercial, el del tráfico de mercancías, especialmente de yeso a granel, tuvo su origen cuando el 12 de agosto de 1994 se recibió en el Ayuntamiento de Garrucha, procedente de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía (EPPA), el documento síntesis del anteproyecto de las obras de ampliación y remodelación del muelle comercial del puerto de Garrucha, así como la información sobre el impacto ambiental relativa a la construcción del citado muelle.
Se trataba de una documentación compleja enviada en pleno mes de agosto, con un plazo para alegaciones de veinte días naturales (no hábiles). Tales circunstancias y el estudio que hizo el alcalde Adolfo Pérez de los documentos recibidos le indujeron a presumir que lo que se pretendía era que el asunto pasara desapercibido y no hubiera alegaciones. Los veinte días naturales de plazo en pleno mes de agosto invitaba a sospechar que lo que se pretendía no era beneficioso para los intereses de Garrucha, más bien lo contrario; razones por las que el alcalde optó por solicitar una ampliación del plazo y requerir un informe sobre el proyecto a cargo de un ingeniero de obras públicas de su confianza, que en este caso fue Juan Oña Esteban. El plazo se amplió y el informe técnico se redactó, informe que le ponía bastantes pegas al proyecto.
Una vez el informe en poder del Ayuntamiento, el alcalde lo incorporó a una moción suya que llevó a la consideración de la Corporación municipal en el pleno extraordinario urgente celebrado en la tarde del 28 de septiembre de 1994. La convocatoria del pleno puso nerviosos a todos los que tenían intereses en el puerto, hasta el punto de que el alcalde fue presionado para que no se celebrara la sesión, incluso con alguna amenaza velada. Dos horas antes de la sesión un ex concejal de su anterior equipo de gobierno, José María Ruiz Pérez, empleado del consignatario, se presentó en casa de Adolfo Pérez para aconsejarle que no celebrara el pleno debido a que los ánimos estaban muy caldeados entre los camioneros, cosa que no logró. La sesión se celebró según lo previsto, con un salón abarrotado de público, donde la mayoría eran camioneros del yeso reclutados por el consignatario Andrés Quesada Pérez, allí presente. El alcalde fue increpado en determinados momentos y varias veces hubo de llamar la atención al público, con amenaza de desalojar la sala, pero como la sangre no llegó al río la sesión se pudo acabar sin más nada que reseñar.
Fue el propio alcalde (no el secretario como es lo normal) el que leyó la moción, la cual se aprobó con los votos a favor de los seis concejales del grupo independiente y la negativa a votar de los tres concejales del grupo socialista, que alegaron falta de información, aunque desde el primer momento se posicionaron en contra. Cosa nada extraña si se tiene en cuenta el color político de la Junta de Andalucía, además de que la concejala socialista, Carmen Muñoz González es la esposa del encargado del puerto, sin olvidar que el concejal socialista Juan López Soto, el Chispa, faenaba en los remolcadores. Este concejal es el padre de María Antonia López Cervantes, secretaria y portavoz actual del PSOE local.
En su moción, el alcalde, después de exponer las circunstancias que concurrían en la documentación enviada por la EPPA, avanzó que vista la citada documentación y ante la repercusión negativa que supondría la construcción y posterior explotación del muelle, resultaba necesario hacer llegar a los responsables políticos de la Junta de Andalucía la enorme preocupación y rechazo total a la ampliación de las instalaciones portuarias relativas al tráfico del yeso a granel. Fundamentando la presentación en el expediente con la argumentación que sigue, de acuerdo con el informe técnico encargado por Ayuntamiento.
Que el municipio de Garrucha basa su economía en el turismo y la pesca, sin que la actividad comercial del puerto, en especial el tráfico de yeso a granel en el 95%, apenas incide en la economía municipal.
Que la prolongación del dique de levante del puerto supuso un enorme impacto visual y no se logró, como se esperaba, cortar la erosión de la playa. O sea, no produjo beneficio alguno.
En consecuencia, resultaba preciso evitar que se cometieran más errores que incidieran negativamente sobre Garrucha, ya bastante atormentada con el transporte de yeso a granel, que perjudica la actividad turística del municipio.
A continuación la moción el alcalde entró a analizar la documentación aportada por la EPPA relativa al impacto medioambiental. Documentación en la que se afirmaba que los días en calma no superan el 16% anual, lo que indica la importancia del factor viento en la contaminación atmosférica. Si desde hacía años las partículas de polvo venían afectando a la población garruchera, el acopio de un mayor volumen de yeso a transportar debido a la ampliación del muelle, lógicamente aumentaría el volumen de polvo de ese mineral en el aire del núcleo urbano de Garrucha, lo que supondría más contaminación para la población.
Asimismo, decía el documento que el impacto visual que suponía la ampliación sería enorme, visualizada desde varios lugares, al menos en cinco, entre ellos el paseo marítimo. Y señalaba que se produciría una pérdida de valores estéticos, aunque la mayor parte se había producido ya con la ampliación del dique de levante. Es decir, se proponía continuar con el cúmulo de errores ya producidos.
En el estudio de la EPPA no se contemplaba la incidencia de la ampliación del muelle sobre la flota pesquera y de recreo, ambas fundamentales para el municipio de Garrucha. Tal actuación supondría un obstáculo en las maniobras de entrada y salida en los puertos pesquero y deportivo, así como un posible freno para el crecimiento de la flota pesquera.
La EPPA decía también en su estudio que con la ampliación del muelle se podría alcanzar, en lo que a explotación se refería, la máxima demanda posible, a lo que el informe técnico municipal indica que el optimismo económico se traduciría en pesimismo ambiental si se sobrepasaban los dos millones de toneladas/año. Lo que conllevaría que fuera mayor el impacto paisajístico, aumento de ruidos, vibraciones y más contaminación atmosférica.
Por todo lo expuesto, concluía el alcalde en su moción que la actuación prevista de ampliar el muelle comercial por parte de la EPPA resultaba totalmente negativa para los intereses de la población de Garrucha, con el solo beneficio para los intereses portuarios y de la compañía exportadora de yeso a granel.
Así es que, en virtud de lo expuesto el alcalde propuso al pleno de la Corporación que aprobara la moción y adoptara los siguientes acuerdos: 1º. Que la Corporación se opusiera a las obras de la ampliación del muelle. 2º. Que se comunicara el anterior acuerdo al consejero de Obras Públicas de la Junta de Andalucía y al director - gerente de la EPPA.
Concluida la lectura de la moción se produjo un vivo e intenso debate entre los miembros de la Corporación, donde cada uno expuso su punto de vista. Durante el debate el alcalde fue desgranando el documento de la EPPA, haciendo hincapié en que el optimismo económico se traduciría en pesimismo ambiental si se llevaba a cabo la obra, teniéndose que aplicar más de treinta medidas correctoras según proponía el propio documento de la EPPA. Finalmente la propuesta del alcalde salió adelante con los votos del grupo independiente, mientras el grupo socialista se negó a votar como ya se ha dicho. Desde entonces y durante el tiempo que duró el proceso el grupo municipal socialista y su cúpula permanecieron al margen, como observadores, excepto algún que otro artículo de prensa a favor del proyecto de la EPPA, publicados por la concejala Carmen Muñoz González, esposa del encargado del puerto.
Durante el debate un concejal socialista dijo que la postura del alcalde se debía al enfrentamiento personal que tenía con el consignatario de buques. Cosa que utilizaron continuamente los socialistas durante el conflicto para desacreditar la posición del alcalde y su grupo político. Lo cierto era que entre el alcalde y el consignatario existía una enemistad personal pero no un enfrentamiento propiamente dicho. Como inciso, es preciso contar el antecedente de esa enemistad, que se remontaba a cuatro o cinco años antes, cuando José Quesada Pérez, hermano de Andrés, el consignatario, llamó al alcalde por teléfono para denunciar que el ancho de la acera de su edificio lo habían ocupado con dos portales para acceder a la sede del Partido Popular. Entonces el alcalde mandó a un policía local a verificar la denuncia, que quedó confirmada al momento. Acto seguido el alcalde ordenó demoler dicho portal, lo que se hizo de inmediato. Como resultó que el local era propiedad de Andrés Quesada que lo había prestado al PP, éste se presentó en el Ayuntamiento para exigirle al alcalde que se repusiera el portal, cosa a la que Adolfo Pérez no accedió. Ante la negativa recibida el consignatario lo amenazó con echarlo de la alcaldía si no se ponía el portal. Al oír tan humillante brutalidad, el alcalde puesto en pie y señalándole la puerta del despacho le dijo a Andrés Quesada que él no tenía categoría para echarlo de la alcaldía, que se iría de ella por la voluntad popular o la suya propia. Y eso mismo se lo fue diciendo a Quesada cuando bajaba la escalera del Ayuntamiento, delante de varias personas que esperaban para entrevistarse con el alcalde. Hasta aquí el inciso.
Como es lógico, el asunto tratado en la sesión plenaria tuvo amplio eco en los medios de comunicación provinciales y regionales, incluso de la prensa nacional, que siguieron de cerca todo lo que iba sucediendo durante el proceso portuario.
Ni que decir tiene que tanto la Cofradía de Pescadores como la mayoría del sector pesquero se adhirieron enseguida a la posición del Ayuntamiento ya que les afectaba directamente, razón por la que ambas entidades se coordinaron en una misma acción.
Poco tiempo después, en noviembre de 1994, el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora adoptó el acuerdo de apoyar la ampliación del muelle y el alcalde de Garrucha lo acusó de entrometerse en los asuntos internos de su municipio, produciéndose una agria polémica a través de los periódicos. Lo mismo que Cuevas hicieron los Ayuntamientos de Antas y Sorbas. Y es que los tres municipios tenían bastantes camioneros del yeso que presionaron a sus alcaldes para conseguir que se ejecutaran las obras sin mayores problemas.
La situación permaneció tranquila durante varios meses, aunque pendientes de lo que hiciera la EPPA, que en julio de 1995 emitió un informe ambiental favorable a sus intereses, a lo que el alcalde Adolfo Pérez, recién elegido para su quinto mandato, anunció una batalla legal y su disposición de llevar el asunto a los tribunales.
El 27 de julio de 1995, sobre la 19:45 horas, cuando el alcalde Adolfo Pérez se dirigía al Ayuntamiento fue abordado a solas en la calle Hernán Cortés por el empresario en cuestión, que textualmente le dijo: “Si no arreglas el tema de la ampliación del puerto vas a morir”. El alcalde no le contestó y puso la amenaza en conocimiento de la Corporación municipal, pero no formalizó la denuncia por no disponer de ningún elemento de prueba.
En agosto de ese año, 1995, el concejal independiente Pedro Morales Cano, empleado en la oficina de la empresa Los Coloraos, dedicada a la carga del yeso en los barcos, propuso la celebración de un referéndum entre la población garruchera, propuesta que no tuvo ningún eco. Este concejal fue cabeza de lista de una candidatura independiente que se había presentado en las elecciones locales de 1995 con el fin de arrebatarle a Adolfo Pérez la mayoría absoluta y formar ellos una coalición con el PSOE para así lograr la franquicia en el conflicto del puerto, pero fracasaron porque Adolfo Pérez se alzó con su quinta mayoría absoluta consecutiva, esta vez con las siglas del PP. Los gastos de la citada candidatura independiente fueron sufragados por el que se creía el amo.
En noviembre de 1995 el alcalde envió un escrito al comisario europeo de la Unión Europea instándole a impedir la ampliación del muelle, sin que surtiera efecto alguno. También le pidió su intervención a Greenpeace, que en realidad no se interesó por el asunto, sólo una simple nota informativa de apoyo.
El 22 de diciembre de 1995 se produjo una manifestación pacífica de camioneros del yeso por el paseo del Malecón. Se dijo que iban unos cien manifestantes, pero en realidad eran bastantes menos. En la puerta de Ayuntamiento leyeron un manifiesto y una comisión de ellos subió al despacho del alcalde para entregarle un escrito pidiéndole que depusiera su actitud. El alcalde los recibió, departió amablemente con los comisionados y les dijo que su solicitud no podía ser atendida.
El mismo día de la manifestación de los camioneros se supo que la EPPA, sin haber tenido un simple cambio de impresiones con el Ayuntamiento, había adjudicado las obras de ampliación del muelle por importe de seiscientos siete millones de pesetas (3.648.143 euros). El alcalde, indignado, declaró a la prensa que la acción de la EPPA era un claro desprecio al pueblo y al Ayuntamiento de Garrucha.
En enero de 1996 un grupo de vecinos manifestaron su decisión de impedir la obra del puerto. La gente comenzaba a concienciarse de que era un problema que le afectaba y que algo había que hacer. Como resulta que parte de pueblo pedía acción, el 6 de mayo de ese año el alcalde anunció la convocatoria de una manifestación popular, incluso una huelga general, y se dirigió a la población para que se movilizara enviando telegramas, cartas y faxes a la Junta de Andalucía a fin de que no se ampliara el muelle. A lo que la concejala socialista Carmen Muñoz en un artículo de prensa acusó al alcalde de provocar crispación, al mismo tiempo la EPPA anunciaba que actuaría en el puerto con y sin movilizaciones.
Dado el ambiente favorable de gran
parte de la población a la movilización, el 24 de mayo de 1996 el alcalde
convocó una manifestación para el sábado 8 de junio, a las 20 horas. Una vez
convocada la manifestación, y al saberse que iba en serio, días antes del día
señalado se presentó en el despacho del alcalde un tal Gabriel, propietario de
Tele Argar, emisora radicada en Antas, para decirle que si no desconvocaba la
manifestación emitiría por TV un vídeo que tenía del alcalde, borracho y
orinándose en la baranda de mármol. El alcalde le dijo que tal vídeo no existía
y que si así fuera le daba igual, la manifestación se llevaría a cabo, como así
fue; sin embargo, del vídeo nada se supo. ¿Alguien adivina qué razones podía
tener Gabriel para actuar así? Y es que algún medio de comunicación, en un
‘alarde’ de decencia y ética profesionales vendió su alma para desacreditar al
alcalde Adolfo Pérez en una campaña sin concesión alguna. Mucho se hablaba del
dinero que circulaba por las cloacas de la indecencia.
Al concierto de medios se unió el que más llegaba a la población: la emisora local Ondamar Radio, la que se esperaba que hubiera sido imparcial dado que de una parte estaba el Ayuntamiento, gran parte de la población, pescadores y la Cofradía de Pescadores. Del otro lado, la Junta de Andalucía, el consignatario de buques y los socialistas de Garrucha. Sin embargo, la locutora de la radio, María Luisa Martín, sin dar tregua se puso al frente de una feroz campaña contra el alcalde para desacreditarlo en el grave asunto del conflicto portuario, seguramente guiada por una compulsiva inquina personal. Pero su fracaso fue rotundo debido a que la mayoría del pueblo estaba con el alcalde como es bien sabido, Y uno se pregunta: ¿qué razones tenía Ondamar Radio para actuar así?
Llamó mucho la atención que la prensa provincial informara con imparcialidad sobre el conflicto portuario. Sin embargo, los medios más cercanos fueron beligerantes, de principio se pusieron de parte de la Junta de Andalucía, del Consignatario de buques y de los socialistas de Garrucha, y claramente en contra del Ayuntamiento, de la Cofradía de Pescadores y gran parte del pueblo. El caso es que daba lástima oírlos. Capaces son de hurgar en el arcano de su conciencia y pensar que su actuación fue tan limpia y brillante como los chorros del oro.
Y llegó el día, el 8 de junio, a la hora señalada se celebró la manifestación a la que acudieron más de quinientas personas, cantidad importante para un pueblo de cinco mil habitantes, aunque en los medios se dijo que el número de participantes rondó los mil. Con el lema de la pancarta: “Por el bien de Garrucha, ni más muelle ni más yeso” la manifestación, presidida por el alcalde, la parlamentaria andaluza María del Mar Agüero Ruano, miembros del equipo de gobierno municipal y de la Cofradía de Pescadores, partió desde la placeta de la antigua cruz de los caídos y siguiendo por toda la calle Mayor llegó hasta el edificio de la EPPA en el puerto, en cuyo portal el alcalde leyó un manifiesto, terminando el acto pacíficamente. Como es lógico, todos los medios provinciales y regionales se hicieron amplio eco del suceso.
Pero resultó que la gente no quedó satisfecha y quería más movilizaciones en contra de una obra que perjudicaba los intereses de Garrucha, por tal razón fue tomando cuerpo la convocatoria de otra manifestación en la que participaran los veraneantes asiduos. Con el fin de contar con ellos, el alcalde convocó la nueva manifestación para el viernes 23 de agosto, a las 20 horas. Y de nuevo Gabriel, el de Tele Argar, se presentó en el despacho del alcalde para decirle que si no desconvocaba la manifestación llevaría a su TV a familiares de Jesús el Gallito, el policía local accidentado mortalmente hacía más de cinco años, en enero de 1991. La idea, según le dijo Gabriel, era que esos familiares hablarían de un supuesto mal comportamiento del alcalde respecto a la viuda del policía, etc. A semejante chantaje o extorsión, más grave que la vez anterior, Adolfo Pérez le dijo que perdía el tiempo pues él conocía a la familia y sabía que bajo ningún concepto eso podía suceder, añadiéndole que de todas formas la manifestación se iba a celebrar tal y como estaba programada.
Esta vez el gobernador civil, Fernando Hermoso Poves, intentó disuadir al alcalde para que no se llevara a cabo la nueva manifestación, cosa que no consiguió. Según supo el alcalde por el propio gobernador se disponía de una información en el sentido de que el consignatario tenía la intención de oponer una contra manifestación a la legal convocada por el Ayuntamiento, cosa que sería muy grave. Ante tan preocupante información el gobernador llamó al consignatario sobre las seis de la tarde del mismo 23 de agosto para hacerle los cargos de lo que supondría tamaño despropósito. El consignatario se comprometió con el gobernador de que no cometería tal barbaridad. Sin embargo, no cumplió la palabra dada como se vio después. Claro que su mala acción de enfrentamiento contra su propio pueblo le costó que el gobernador le incoara un expediente sancionador con la propuesta de quinientas mil pesetas (3.000 euros) de multa, según se supo de fuentes oficiales.
Tal y como estaba previsto, el viernes 23 de agosto, a la hora prevista tuvo lugar la manifestación, presidida por el alcalde y una representación parecida a la anterior, excepto María del Mar Agüero, sosteniendo una pancarta con el lema: “Sr. Chaves, sea solidario con el bienestar de GARRUCHA”. Esta vez la participación fue superior a la del 8 de junio, no obstante se incorporaron gran parte de los veraneantes habituales de Garrucha. La manifestación partió de la puerta del Ayuntamiento dirigiéndose por el paseo marítimo hasta el final, pasando por delante de la oficina de la EPPA para volver al punto de partida por la carretera del puerto. La marcha discurría según lo previsto, pero a los pocos minutos el alcalde fue advertido de que había una contra manifestación ilegal de camioneros del yeso y otros, en plan belicoso, cortando la carretera del puerto frente a la oficina de la EPPA, alrededor de un monolito portuario, al frente de la cual estaba el consignatario Andrés Quesada. Cuando llegó la manifestación a la esquina del edificio Marisol y caseta del Birra la situación era más que preocupante, ya que a pocos metros estaban los otros en actitud desafiante encabezados por el consignatario. Por supuesto que ya efectivos de la Guardia Civil antidisturbios había tomado posiciones para proteger a los manifestantes debidamente legalizados. Sin duda fue un momento de gran tensión.
´
Entonces el alcalde, ante el mal cariz de la situación, prudentemente optó por conducir a los manifestantes hacia la calle Mayor, por lo que con el micro de un vehículo de la Guardia Civil instó a su gente a continuar por la calle Mayor. Así lo hizo y muchos le siguieron, pero cuando llevaban andado un corto tramo de la calle Mayor hubieron de volver a la esquina del conflicto porque resultó que algo más de la mitad de lo manifestantes decían que no se resignaban a que unos forasteros les impidieran el paso por su pueblo, así es que al disponerse a pasar, la Guardia Civil hubo de cargar contra los camioneros y trabajadores portuarios para abrir el paso, a la vez que usaba botes de humo para disolverlos. Por cierto que el primero que recibió un porrazo fue el encargado del puerto, Alfonso Rodríguez, que había ido a decir que la manifestación no podía transitar por la carretera del recinto portuario por tratarse de un lugar privado, cosa que no era así porque se trata de una carretera de dominio y uso públicos no restringido. Para este empleado portuario hubo también un expediente sancionador con la propuesta de cincuenta mil pesetas de multa (300 euros). El alcalde, de forma algo temeraria, se acercó a los contra manifestantes y de espaldas a ellos instaba a los suyos para que pasaran rápido y sin problemas. Como resultado de la carga policial se produjo la detención de tres camioneros y hubo doce o catorce heridos de distinta consideración, entre ellos algunos guardias civiles.
Aquí se hace un inciso para decir que en pleno fragor de la trifulca un espectador gritó desde la baranda del paseo: “Gora ETA”. Se trataba de un joven nacido y residente en Irún, hijo y nieto de garrucheros, el cual fue detenido de inmediato. Por cierto que la abuela paterna, a la que llamaban la Lavandera, pidió al alcalde que fuera al cuartel de la Guardia Civil a interceder por el nieto, cosa que hizo el alcalde forzado por su simpatía hacia la señora, pero, como es lógico, nada consiguió. Y cosas de la vida: a partir de ese momento, y como agradecimiento por la acción del alcalde de intentar liberar a su hijo, los padres del joven dejaron de saludar al alcalde. Sorprendente pero así de cierto.
La manifestación continuó hasta llegar a la puerta del Ayuntamiento donde la concejala Paula Jiménez Morales clausuró el acto leyendo un manifiesto.
Al día siguiente los medios de comunicación se hicieron eco de los sucesos de Garrucha. El secretario provincial del PSOE, José Antonio Amate Rodríguez, anunció que el grupo de diputados socialistas iba a pedir al ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, que explicara lo sucedido. El gobernador dijo que la actuación de la Guardia Civil “fue la estrictamente necesaria” y que la contra manifestación era ilegal. De la Junta de Andalucía salieron en tromba para distintos cometidos: enérgica protesta, ejercicio de acciones, continuación de la obra y aplicación de medidas correctoras en la misma, denuncia de la ilegalidad del itinerario, etc. Asimismo, José Antonio Amate Rodríguez y el secretario de Estado para la Seguridad, Ricardo Martín Fluxá, se enredaron en un debate artificioso sobre lo sucedido.
En una nota de prensa el comité ejecutivo provincial del PP mostró su apoyo al equipo de gobierno municipal del Ayuntamiento de Garrucha, al mismo tiempo visitaron la localidad para hacer patente el apoyo. Asimismo, los parlamentarios andaluces solicitaron de la Consejería de Obras Públicas el traslado del tráfico del yeso a granel a otro puerto que revistiera mejores características para esa actividad. Iniciativa que fracasó en el Parlamento andaluz. Igual hizo el parlamentario andaluz de Izquierda Unida Los Verdes, José Román, con una proposición no de ley, con el mismo resultado que la otra iniciativa.
Después de los dos años transcurridos (septiembre de 1994) desde la presentación de las alegaciones municipales contra la obra; a pesar de las dos manifestaciones habidas, con los disturbios de la segunda, la EPPA no contactó con el Ayuntamiento de Garrucha para tratar el asunto. Sin embargo, en septiembre de 1996 llegó el barco encargado de dragar el muelle comercial para realizar la obra de ampliación. La llegada del barco provocó gran revuelo, que movilizó a las personas que no aceptaban dicha ampliación, especialmente a la mayoría del sector pesquero.
Ante la situación de “ninguneo” por parte de la empresa andaluza los representantes de la plataforma ecologista que operaba en Garrucha contra la ampliación del muelle, además de pedir la dimisión del director - gerente de la EPPA, organizaron una cacerolada para los días 1 y 2 (martes y miércoles) de octubre de 1996, a las 21:30 horas, en la puerta del Ayuntamiento. Con la sirena del puerto como disparo de salida, una gran parte del pueblo garruchero inició una estruendosa protesta de media hora de duración contra la ampliación del muelle. Al día siguiente se volvió a repetir con idéntico éxito. En ambas caceroladas intervinieron el alcalde y su familia.
Por esos días, el presidente de la Diputación, Luis Rogelio Rodríguez Comendador, medió en el asunto con el fin de alcanzar un acuerdo que encauzara el problema, propició una reunión entre el delegado provincial de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, Francisco Espinosa Gaitán, y el alcalde de Garrucha, Adolfo Pérez López. La reunión se celebró en la mañana del jueves 10 de octubre en el despacho del presidente. A pesar de las garantías del delegado sobre el cumplimiento de las medidas correctoras no hubo acuerdo alguno ya que esas no eran las expectativas de lo que esperaban el Ayuntamiento y Cofradía de Pescadores.
Después de escuchar al delegado, la realidad era que la actitud de la Junta de Andalucía era granítica, razón por la que costaría mucho lograr una negociación razonable. Ninguno de sus organismos le prestó la más mínima atención al Ayuntamiento, siempre afirmaban que todo estaba en perfecto orden. La Delegación de Medio Ambiente, ante las quejas del alcalde, se jactaba de que se estaban cumpliendo a rajatabla las medidas correctoras, cosa que nunca ha sido cierta. Incluso el delegado de Medio Ambiente, Martín Soler Márquez, afirmó a la prensa que el muelle de Garrucha se convertirá en “el más seguro de España”.
Después del fracaso de la reunión con el delegado de Obras Públicas y la situación de punto muerto (impasse) en que se encontraba el asunto, el alcalde anunció que lo llevaría a los tribunales, incluso si era preciso.
Pero resultó que las personas interesadas en que no se llevara a cabo la ampliación del muelle querían realizar más actos de protesta y así el domingo 13 de octubre por la tarde, unos ochenta coches circularon por las calles de la población llenando el ambiente de una estruendosa pitada de claxons en señal de protesta.
En vista de la actitud prepotente de la EPPA y los diversos organismos de la Junta de Andalucía el Ayuntamiento de Garrucha, las plataformas ecologistas, la Cofradía de Pescadores y la Asociación de vecinos para la defensa de Garrucha convocaron una nueva manifestación para el sábado 23 de noviembre, a las 17 horas. Era la lucha de David frente a Goliat como le gustaba decir a los miembros de las plataformas ecologistas. La manifestación de protesta, a la que acudieron unas cuatrocientas personas, se celebró en la fecha y hora señaladas partiendo como la primera de la placeta de la antigua cruz de los caídos y marchando por toda la calle Mayor llegó hasta el monumento al pescador donde el alcalde Adolfo Pérez, al pie del monumento, leyó un manifiesto. De forma pacífica terminó una etapa más de la lucha de la mayoría de un pueblo en contra de un atropello y sus consecuencias para los barcos pesqueros y el medioambiente.
No obstante las diversas manifestaciones, en el Ayuntamiento se actuaba desde el punto de vista legal respecto al asunto. A tal efecto, el alcalde suscribió un convenio con el Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de Almería, dirigido por el catedrático Íñigo del Guayo Castiella (sobrino nieto de Fernando María Castiella, que fue ministro de Asuntos Exteriores con Franco). La razón del convenio suscrito era para el asesoramiento y defensa letrada de los intereses municipales a todos los niveles, incluso los judiciales. El profesor Del Guayo enseguida redactó un dictamen sobre el tema y ejerció su labor con bastante interés.
Otro colectivo que tuvo gran relevancia en el conflicto fue el de las mujeres pertenecientes al sector pesquero: esposas, madres, hijas y hermanas de pescadores, más otras mujeres ajenas a la pesquera que se identificaron con ellas. Así, de forma espontánea se organizaron unas cincuenta mujeres y el jueves 28 de noviembre de 1996, entre las once y doce del mediodía se manifestaron frente a la Cofradía de Pescadores. Ellas decían que “lo único que querían era que sus maridos e hijos pudieran ir faenar sin peligro y no respirar el polvo que suelta el yeso”. La cuestión fue que esta iniciativa se repitió de forma pacífica cada jueves durante bastante tiempo a la misma hora, con el aumento continuo de mujeres participantes.
Ya comenzadas las obras de ampliación del muelle, el alcalde, asesorado por el profesor Íñigo del Guayo, el 13 de diciembre de 1996 decretó la inmediata paralización de las mismas (las obras), lo que causó una gran sensación a nivel popular y mediático. La resolución del alcalde se basaba en que “las obras no se ajustaban a la legalidad vigente, dado que el plan de utilización del puerto de Garrucha carecía de validez y operatividad a efectos jurídicos”. Asimismo, el alcalde le daba un plazo de quince días a la empresa adjudicataria de las obras, Entrecanales y Távora, S.A., para que llevara a cabo los trámites oportunos con el fin de que las obras pudieran ser legalizadas.
Sin embargo, a las pocas horas de conocerse el decreto de la alcaldía, la Junta de Andalucía remitió un escrito al alcalde recordándole que estaba vulnerando las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Al mismo tiempo, el director - gerente de la EPPA, José Clavero Salvador, resolvió no autorizar el cumplimiento del decreto del alcalde. En vista de la actitud adoptada por la Junta de Andalucía y la EPPA y de que la obra continuaba, siete días después de la resolución del alcalde, el 20 de diciembre de 1996, el propio Adolfo Pérez presentó un escrito en el juzgado de guardia de Vera solicitando que se autorizara al Ayuntamiento de Garrucha para entrar en el recinto portuario con el fin de que se ejecutara forzosamente la paralización decretada por el alcalde. Pero el juzgado de Vera dictaminó que no era de su competencia autorizar el acceso al puerto y dejaba un resquicio para que se actuara ya que en su resolución la juez consideraba que el consistorio, al tratarse de un lugar público, podía acceder libremente. Con tal motivo el alcalde desafió a la Junta y anunció que paralizaría las obras y precintaría las máquinas si la empresa hacía caso omiso. La EPPA contestó que no dudaría entonces en recurrir a las fuerzas de seguridad del Estado y que incluso pediría responsabilidades civiles y penales al alcalde si persistía en su actitud.
Para el 2 de febrero de 1997 las mujeres de Garrucha, ya en número de unas ciento cuarenta, habían cumplido once semanas de concentraciones, a la vez que enviaron muchas tarjetas postales al gerente de la empresa andaluza protestando por la ampliación del muelle, colocando además claveles en el monumento al pescador. Asimismo, pedían la celebración de un referéndum sobre la obra. Y en esas fechas, ya navideñas, se produjo un hecho vergonzoso: La EPPA no autorizó que los Reyes Magos embarcaran en el muelle comercial y atravesando el puerto desembarcaran en el muelle pesquero para ser recibidos por los niños como cada año, iniciando desde ese muelle la cabalgata por el pueblo con los Reyes montados es sus carrozas. Sin embargo, ese año la EPPA no lo permitió. Claramente se trataba de una venganza por el conflicto portuario. Una venganza impropia de la Junta de Andalucía, máxime tratándose de una fiesta para niños.
Visto que la actitud de la EPPA no se modificaba, a finales de enero de 1997 los colectivos opositores a las obras: Ayuntamiento, Cofradía de Pescadores, Izquierda Unida y la asociación ecologista LEAL barajaban la idea de convocar una huelga general para lo que se reunirían con los vecinos en la lonja del pescado, que era el lugar donde habitualmente se reunían con ellos para darles cuenta de lo concerniente al proceso. Efectuada la reunión, los sectores sociales citados y el equipo de gobierno del Ayuntamiento acordaron convocar una huelga general de la que se informaría en su momento. Los pescadores mostraron su decisión de llevarla cabo, incluso a bloquear con sus barcos la bocana del puerto.
Finalmente, en una asamblea vecinal reunida en el cine, se convocó la huelga general en todos los sectores de Garrucha para el jueves 13 de febrero, en la espera de que fuera secundada por gran parte de los vecinos de la localidad. La convocatoria de huelga general fue apoyada por la ejecutiva provincial del PP y el sindicato CGT. Dada la gravedad de la situación el gerente de la EPPA solicitó protección policial al gobernador civil ante posibles acciones en el muelle. Sin embargo, este señor continuaba sumido en la arrogancia de ignorar al Ayuntamiento y demás sectores sociales, cosa impropia en una entidad pública dependiente de la Junta de Andalucía.
No obstante, por indicación de Íñigo del Guayo el Ayuntamiento presentó un recurso contencioso - administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
El comité de huelga no tuvo más remedio que desconvocar la huelga y aplazarla al día 25. El motivo fue que no se habían negociado los servicios mínimos. De seguir adelante, aparte de sanciones, se hubiera incurrido en responsabilidades personales.
Debido a la deficiente, incluso nula, señalización y balizamiento de la obra, los pesqueros hubieron de amarrar los barcos. Además habían tendido unos cables para la obra que ponía en peligro o dificultaba la maniobrabilidad de los barcos de pesca. Esta nueva situación hizo que interviniera el capitán marítimo para emitir un informe, a la vez que aconsejaba a la EPPA que se replanteara la conveniencia de la ampliación del muelle. Las protestas y amarres de los pescadores hicieron que tomara cartas en el asunto el subdirector general de Seguridad Marítima, razón por la que la Dirección General de la Marina Mercante convocó una reunión para el sábado 15 de febrero de 1997, a las 20 horas, en la sede del Gobierno Civil. La reunión se celebró presidida por el gobernador civil, Fernando Hermoso Poves, asistieron el subdirector general de Seguridad y Contaminación Marítima, Manuel Nogueira; alcalde de Garrucha, Adolfo Pérez López; el director provincial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Antonio Sáenz; de la Capitanía Marítima de Almería, Simón López; capitán marítimo de Garrucha, Eduardo Caballero; patrón mayor de la Cofradía, Juan Cervantes Flores, el Palomo; práctico del puerto de Garrucha, José Jordán; encargado del puerto de Garrucha, Alfonso Rodríguez; empleado de la empresa constructora Entrecanales y Távora, Mario de la Hoz; técnicos de la dirección de obras, Iván Gutiérrez y Francisco Escámez; patrón de pesca, Juan Cervantes; tres armadores de Garrucha, José López Alarcón, Juan Miguel Galindo Rodríguez, el Pollo, y Esteban Gerez, de los Matías. Aun estando convocado no asistió el director - gerente de la EPPA, José Clavero Salvador, poseído por su arrogancia.
El alcalde convocó a los vecinos interesados en la cuestión del puerto para darles cuenta de lo tratado en la reunión. La asamblea de vecinos, se reunió en la lonja del pescado que estaba a rebosar. Allí el alcalde y el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores dieron cuenta de lo sucedido en la tensa reunión del Gobierno Civil en la que se avanzó poco. Sin embargo, los pescadores alertaron de que seguirían con la flota amarrada hasta que se les garantizara la seguridad en el puerto, al mismo tiempo que pedirían ser indemnizados. El alcalde Adolfo Pérez destacó ante los vecinos la ayuda que recibían del capitán marítimo de Garrucha, a su lado, por lo que pidió que depusieran la actitud hostil hacia él a causa de una mala información. Resulta que se había lanzado la especie de que este señor estaba de parte de la EPPA, lo que dio lugar a que gran cantidad de gente se concentrara frente al edifico de la Capitanía Marítima para increparlo. Esto hizo que el alcalde, el patrón mayor y otros acudieran a calmar los ánimos y desmintieran lo que se había dicho del señor Caballero, que estaba bastante preocupado por lo que sucedía, pero finalmente todo acabó bien.
Igualmente dejaron la huelga general supeditada a la actitud de la EPPA respecto a si paralizaba o no las obras, que el alcalde calificaba como una provocación y choteo de la Junta de Andalucía. Sin embargo, es digno de destacar que, de una forma u otra, las movilizaciones seguían sin solución de continuidad.
Pero como el asunto se había enquistado y la EPPA “pasaba” de lo que sucedía en Garrucha, el alcalde anunció públicamente que ordenaría a la policía local que precintara la maquinaria de las obras del puerto si la empresa adjudicataria no paralizaba la obra inmediatamente. Y como la empresa no accedió el alcalde, siguiendo instrucciones de su asesor jurídico el profesor Íñigo del Guayo, hizo efectivo su decreto y al mediodía del jueves 20 de febrero de 1997 mandó a la Policía Local para que precintase las máquinas que estaban ampliando el muelle. Los cuatro agentes municipales que llevaron a cabo la acción fueron los policías: Ramón López Rodríguez, Pedro Gerez López, José Cazorla León y Antonio Morales Cano. Como dato de la tensión que se vivía, resultó que el padre de uno de los agentes acudió al Ayuntamiento a hablar con el alcalde debido a la preocupación que tenía por lo que pudiera ocurrir con las entradas al puerto a precintar. El alcalde, en un aparte, le dijo que se fuera tranquilo que si pasaba algo él haría frente a lo que fuera.
Para la entrada en el recinto portuario hubieron de forzar el acceso, por cierto que un perspicaz periodista puso la grabadora junto al cierre y luego se oyó por radio el clic de la rotura del dispositivo. Después procedieron al precintado de las máquinas. Las fotos de prensa del acto son muy llamativas, donde se ve a los agentes encima de las máquinas cumpliendo su cometido. El encargado del puerto pidió auxilio a la Guardia Civil, que se limitó a observar los hechos sin llegar a intervenir. Ni que decir tiene que tanto la EPPA como la empresa constructora anunciaron, además de su decisión de continuar las obras, el ejercicio de acciones judiciales contra el alcalde Adolfo Pérez. Por supuesto que la Junta de Andalucía se quejó de la pasividad de la Guardia Civil culpando al gobernador civil.
Sin embargo, se produjo un hecho inesperado, resultó que a la proposición no de ley presentada en el parlamento andaluz por Izquierda Unida contraria a las obras, el representante del Partido Popular en la Comisión de Obras Públicas, Fernando Cabezón, simplemente porque él lo estimaba así, y contrariamente a la posición de la ejecutiva provincial, votó en contra de la proposición. Al enterarse de la noticia, la diputada andaluza María del Mar Agüero manifestó que ella hubiera votado a favor de la propuesta de Izquierda Unida. La acción de Fernando Cabezón dio lugar a que la dirección provincial del PP, reunida el 21 de febrero de 1997 en Huércal - Overa, hiciera público un comunicado apoyando al alcalde de Garrucha.
A la vista de los acontecimientos, con la paralización de las obras llevada a cabo, el comité de huelga de Garrucha decidió el 22 de febrero desconvocar la huelga para que los pescadores pudieran salir a faenar y no sufrieran más perjuicios. Como dato a tener en cuenta es que el comité de huelga, después de una amplia encuesta, sabía que la mayoría de los propietarios de los negocios garrucheros tenían decidido cerrar sus empresas en caso de haber seguido adelante el paro general.
Pero el día 26 de febrero se malogró la paralización, la empresa adjudicataria quitó los precintos y continuaron con la obra, a su vez la Junta de Andalucía, a través del delegado provincial de Obras Públicas, Francisco Espinosa Gaitán, presentó en el juzgado de Vera una denuncia contra el alcalde Adolfo Pérez por ordenar la paralización de las obras del muelle y precintar la maquinaria. El alcalde contraatacó denunciando a la EPPA por presunto delito de desobediencia y anunció que “precintaremos la maquinaria cuantas veces sea necesario”. Esto hizo que los garrucheros aguardasen con expectación la respuesta del Ayuntamiento; mientras, el equipo jurídico municipal valoraba la decisión a tomar.
Por aquellas fechas, sobre el 6 de marzo, los sacerdotes José Antonio Felices Álvarez, acompañado por el sacerdote Ángel Macho, visitaron Garrucha para recabar información sobre el conflicto, para ello se entrevistaron con el párroco Juan Romero Guirao, el cual les transmitió su preocupación por la división que había en el pueblo. Asimismo, les había dicho que se sentía observado para averiguar de qué lado estaba. En contra de lo que dijo la prensa sobre la oferta de mediación en el conflicto por parte del Obispado de Almería, éste, mediante una nota informativa desmintió la oferta de la mediación, derivando la cuestión hacia las instituciones correspondientes. Asimismo decía la nota que los sacerdotes estuvieron en Garrucha para apoyar al párroco y que no se entrevistaron con nadie relacionado con el asunto en cuestión.
Nuevamente el alcalde intentó precintar las máquinas de la obra el jueves 6 de marzo, pero fracasó en su intento al no permitir los guardamuelles la entada al recinto portuario de los agentes de la Policía Local, alegando que el asunto no es competencia de la Alcaldía. Esto dio lugar a que unas doscientas personas, en su mayoría pescadores y sus familiares con el alcalde al frente y demás agentes sociales, se concentraran a las 7 de la tarde del jueves 6 de marzo en la entrada del recinto portuario y en una sentada impedir la entrada y salida de los camiones del yeso. Las personas se apostaron en la rotonda de acceso y más tarde encendieron una fogata a base de neumáticos y maderas con la intención de impedir el paso de vehículos al puerto y de paso les sirviera para caldear la fría temperatura de la madrugada, pues la concentración duró hasta el mediodía del día siguiente. Ni que decir tiene que enseguida se presentó una sección de la Guardia Civil antidisturbios para facilitar el tránsito de vehículos al puerto Se vivieron momentos de gran tensión, hasta el punto de que un grupo de manifestantes se encadenó para evitarlo. Al final la concentración ciudadana se disolvió pacíficamente sin que la Guardia Civil cargara, aunque sí hubo muchos gritos de los manifestantes. Respecto a la Guardia Civil se sabía que un grupo numeroso de efectivos procedentes de Valencia estaban acuartelados en Garrucha en previsión de los posibles altercados que se pudieran producir.
Estas acciones vecinales de fuerza y protesta no eran, lógicamente, del agrado ni del Gobernador Civil ni del delegado de Gobernación de la Junta de Andalucía, ya que consideraban que ese tipo de actos podían perjudicar el diálogo entre las partes, razón por la que ambos urgían la necesidad de iniciar cuanto antes conversaciones para llegar a un acuerdo en un conflicto tan dilatado en el tiempo. Por aquellos días el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía había admitido a trámite el recurso contencioso - administrativo interpuesto en su día por el Ayuntamiento de Garrucha.
Viendo la preocupante situación en que se encontraba el conflicto, el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Juan Callejón Baena, intentó forzar una reunión entre el alcalde Adolfo Pérez y el director - gerente de la EPPA, José Clavero Salvador. Su interés era lograr un acuerdo entre ambas partes a fin de resolver las fuertes diferencias que los separaban. En el mismo intento se empeñó el gobernador civil, Fernando Hermoso. Al fin se acordó celebrar la reunión el martes 11 de marzo de 1997. De forma tangencial e irrelevante surgió la discusión sobre quién había sido el que logró con su mediación que se celebrara la reunión, que si el gobernador civil o el delegado de Gobernación. Para celebrar la reunión el delegado de Gobernación de la Junta pretendía que la reunión tuviera lugar en la sede de su delegación, a lo que el alcalde Adolfo Pérez se opuso por razones de la hostilidad política manifestada por la Junta de Andalucía hacia el Ayuntamiento y sectores sociales contrarios a la obra. A su vez el alcalde propuso que la reunión tuviera lugar en Garrucha, cosa que, bajo ningún concepto quiso aceptar la otra parte. Finalmente se acordó que la reunión se celebrara en el Gobierno Civil, de acuerdo con el ofrecimiento de su titular..
Como estaba previsto, la reunión negociadora tuvo lugar el martes 11 de marzo de 1997 a las 12 horas, finalizando ya pasadas las 15 horas. Estando copresidida por el gobernador civil, Fernando Hermosa Poves, y el delegado de gobernación de la Junta, Juan Callejón Baena. Por parte de los contrarios a la obra asistieron el alcalde de Garrucha, Adolfo Pérez López; el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores, Juan Cervantes Flores, el Palomo; el patrón de pesca y armador, José López Alarcón; el representante de la plataforma ecologista LEAL, Federico Moldenhauer Fernández; y el representante de Izquierda Unida, Salvador López Quesada. Por parte de la Junta de Andalucía asistieron el director - gerente de la EPPA, José Clavero Salvador (que aparcó su arrogancia y por primera vez dio la cara); el delegado de Obras Públicas, Francisco Espinosa Gaitán; el encargado del puerto de Garrucha, Alfonso Rodríguez; un marinero de remolcador de Garrucha, Juan López Soto, el Chispa; el hijo del consignatario, Andrés Quesada García, y un técnico.
En la reunión, que durante buena parte de su desarrollo fue tensa, cada parte expuso sus argumentos técnicos. Es justo destacar la relevancia que en la parte técnica tuvo el patrón y armador de Garrucha, José López Alarcón, que con pericia le argumentaba al señor Clavero sobre los inconvenientes del proyecto de ampliación. Poco a poco el ambiente se fue distendiendo y se discutía, cada uno en su posición, sin acritud. Finalmente, la comisión encabezada por el alcalde hizo una propuesta consistente en reducir la superficie de la ampliación del muelle en 90 metros cuadrados. Propuesta a la que se mostró receptivo el director - gerente de la EPPA, el cual se comprometió a estudiarla y responder sobre ella en el plazo de quince días. Con esta solución se beneficiaban la maniobrabilidad de la flota pesquera y la playa del Pósito. Claro que quedaría pendiente el problema del pesimismo medioambiental causado por el polvo de yeso. Después de la reunión el señor Clavero expresó a los medios su satisfacción por este principio de acuerdo “que es una esperanza para acabar con este conflicto”. Ni que decir tiene que todos mostraron a los medios su satisfacción por el principio de acuerdo alcanzado, satisfacción de la que participó el pueblo de Garrucha. A partir de ese momento se creó en el pueblo y medios de comunicación una gran expectación para saber si la EPPA aceptaba la propuesta de la comisión.
Las partes enfrentadas en el conflicto volvieron a reunirse el miércoles 2 de de abril en el Gobierno Civil. La reunión finalizó sin que se llegara a un acuerdo sobre las medidas que habría de tener la ampliación del muelle. Ambas partes aseguraron que se había avanzado en la solución del problema, pues quedaba pendiente una reforma para salvar la playa del Pósito. En esta reunión se acordó la creación de una Comisión Local del Puerto de la que formaría parte un delegado del Ayuntamiento.
Por fin, el miércoles 9 de abril de 1997 finalizó el conflicto con la Empresa Pública de Puertos de Andalucía (EPPA) por la ampliación del muelle del puerto de Garrucha. Ese día el alcalde recibió una notificación del director - gerente de la EPPA en la que le comunicaba oficialmente la aceptación de la propuesta planteada en la última reunión celebrada en el Gobierno Civil, de forma que la ampliación quedaba reducida a 184 metros útiles en vez de los 230 que estaban previstos en el proyecto inicial. En el mismo escrito el señor Clavero pedía que el Ayuntamiento nombrara al representante en la Comisión Local del Puerto.
Gran satisfacción produjo entre las partes el acuerdo alcanzado en la polémica ampliación del muelle comercial de Garrucha. El alcalde Adolfo Pérez; el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores, Juan Cervantes; el gobernador civil, Fernando Hermoso, y el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Juan Callejón, resaltaban el punto y final del largo conflicto. Conflicto que duró 2 años, 6 meses y 12 días, desde el 28 de septiembre de1994 al 9 de abril de 1997.
