GESTIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL

 Adolfo Pérez López

  

     Una vez que el 27 de diciembre de 1978 se promulgó la Constitución española tras la muerte del general Franco (20.11.1975), el 3 de abril de 1979 se celebraron las primeras elecciones locales democráticas, cuyo resultado en Garrucha fue de siete concejales del partido Unión de Centro Democrático (UCD, centro derecha) y cuatro concejales del Partido Socialista Obrero Español (PSOE, izquierda). Con tales fuerzas políticas se constituyó la primera Corporación municipal democrática (once miembros) presidida por el alcalde Adolfo Pérez López (UCD).

   Cuando el 20 de abril de 1979 la nueva Corporación municipal tomó posesión del Ayuntamiento tenía por delante un panorama difícil y complicado respecto a los problemas que padecía el municipio. Problemas que era preciso abordar de inmediato ya que Garrucha estaba sumida en la desidia, en un estado lamentable: con carencia de servicios básicos o muy deficientes los existentes, como eran el alumbrado público y el abastecimiento de agua a la población. Además, no se disponía de red de saneamiento (alcantarillado). El pavimento de las calles - excepto la calle Mayor -  era de tierra, con muchos desniveles en bastantes de ellas que con las lluvias se ponían intransitables. Dentro del casco urbano (junto al barrio Pimentón) existía un barranco donde se arrojaban aguas fétidas y todo tipo de inmundicias. Se carecía absolutamente de actividades culturales y recreativas, etc. Tan desolador panorama requería que la nueva Corporación se afanara de inmediato en dotar al municipio de más y mejores servicios para emprender su modernización y lograr el despegue turístico, que se ha convertido en base de su economía.

   Además de la situación descrita Garrucha arrastraba desde su creación un grave problema: la carencia de término municipal. Efectivamente, durante el reinado de Isabel II el Gobierno de la nación, presidido por Francisco Istúriz Montero, dictó el 16 de marzo de 1858 una Real Orden mediante la que se creaba el municipio de Garrucha segregándolo de su matriz: Vera, que desde el primer momento se opuso, intentando hasta el último momento revocar la citada disposición. El nuevo municipio debía ser dotado de término jurisdiccional, de acuerdo con lo dispuesto en la Real Orden de creación. En tales condiciones, tres años después, el 1º de enero de 1861 se constituyó el primer Ayuntamiento interino de Garrucha presidido por el alcalde Manuel Berruezo Ayora. Se cumplía así la gran aspiración de los garrucheros de la pedanía en la que se asentaba una colonia de pescadores desde tiempo inmemorial. Pero la naciente Corporación comenzaba su andadura con la grave anomalía, ya apuntada, de no tener asignado y deslindado el territorio donde debía ejercer su jurisdicción en los tres años transcurridos desde su creación en 1858, lo que significaba que en puridad legal ni el propio núcleo urbano era su término municipal, aunque de hecho siempre lo fuera. Según parece, la teórica línea divisoria entre Vera y Mojácar era la conocida calle de la Rambla, que en tiempos anteriores lo fue de hecho. Esta grave anomalía le pesó a Garrucha como una losa durante ciento treinta tres años, hasta 1994.

   Resulta, pues, que, en contra de la creencia general, durante ciento treinta y tres años el Ayuntamiento de Garrucha administró su núcleo urbano como base de su jurisdicción sin que existiera deslinde territorial alguno, aunque la fuerza de las cosas hizo que el primitivo núcleo poblacional se expandiera y fuera reconocido por todos como su término municipal, de ahí que siempre se hablara de ampliación y no de asignación o fijación que hubiera sido lo más correcto. Se daba el caso de que el cementerio, un colegio público de enseñanza, los depósitos de agua y el campo de fútbol estaban en el término municipal de Mojácar.

   En ese tiempo de más de un siglo se produjeron intentos y actos fallidos de fijación y deslinde, pues es bien sabido que la mayoría de los alcaldes de Garrucha se preocuparon, con mayor o menor voluntad, de resolver el problema, aunque siempre se toparon con el constante bloqueo del Ayuntamiento de Vera, que durante muchos años trató despectivamente a Garrucha como ‘caserío’, según se comprueba una y otra vez en los documentos oficiales.

   Desde su inicio, ya el 3 de enero de 1861, el Ayuntamiento de Garrucha acordó dirigirse al de Vera para fijar el término, pero Vera siempre hizo caso omiso de la reclamación. Así sucedió con la orden del gobernador civil para que se señalara el susodicho término y se deslindara, cosa que ocurrió el 30 de abril de 1861 con la cesión por parte de Mojácar de una pequeña porción de su territorio. Sin embargo, al acto de deslinde no asistió ningún delegado de Vera como era preceptivo. No obstante, Garrucha tomó posesión de su territorio jurisdiccional, incluso levantó un plano topográfico, pero el deslinde efectuado y la toma de posesión carecieron de validez al no haber obtenido el refrendo del Ministerio de la Gobernación debido al recurso de oposición de Vera.

   Según los antecedentes resulta que después existió un deslinde consensuado con Mojácar el 23 de noviembre de 1889 que no se hizo efectivo pero luego sirvió de base para el de 1934.

   En el año 1932, ya durante la segunda República, el Ayuntamiento de Garrucha vuelve a la carga para conseguir el deseado término. A tal fin se elaboró un completo informe que sirvió para que el Ministerio de la Gobernación resolviera el 5 de junio de 1934 en el sentido de fijar la línea límite del término basada en el deslinde de abril de 1861. Pero nuevamente se interpuso Vera recurriendo la orden ministerial ante el Tribunal Supremo, recurso que fue desestimado el 26 de mayo de 1937. Pero finalizada la Guerra Civil Vera solicitó ante el Supremo la revisión de la sentencia anterior, cosa que consiguió cuando dicho tribunal revocó el 18 de junio de 1941 la orden ministerial favorable a Garrucha. Llama la atención esta sentencia revocatoria, viciada con expresiones políticas tales como: “el Tribunal Supremo del Gobierno marxista de Valencia” o “aquella autoridad que presidía el municipio rojo” (como si Vera hubiera estado en bando distinto al de Garrucha en la Guerra Civil). El caso es que por una sentencia injusta, claramente politizada, Garrucha se quedó otra vez sin término municipal.

   Años después el Ayuntamiento de Garrucha intentó reactivar el expediente, de modo que el 21 de diciembre de 1964 acordó dirigirse al Ministerio de la Gobernación solicitando el inicio del expediente de fijación de su término municipal, con el consiguiente rechazo de Vera. De esos años procede el dicho popular: ‘De río a río’, referido a que la pretensión de los gobernantes municipales de Garrucha era obtener una línea costera cuyos límites fueran las desembocaduras de los ríos Aguas y Antas.  

   En contrapartida, el 3 de agosto de 1965 la Corporación veratense adoptó el acuerdo de iniciar el expediente de fusión de ambos municipios, cosa que de ahí no pasó aunque dieron tímidos pasos en tal sentido. De nuevo las gestiones efectuadas y los escritos de ida y vuelta a nada condujeron, pues los gobernantes del régimen franquista no estaban por la labor de solucionar el asunto aunque pareciera lo contrario, y eso era debido al mayor peso político de Vera que no se avenía a ceder terreno alguno. Mientras, Mojácar cedió una porción de su territorio que fue aceptada por Garrucha, llegándose incluso a publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería el 27 de julio de 1966, pero no se llevó a efecto.

   Y otro fracaso se produjo cuando en 1975 se intentó de nuevo.

   Desde el momento de la toma de posesión el 20 de abril de 1979, el equipo de gobierno municipal de la UCD, con su alcalde a la cabeza, se dispuso a la tarea de resolver los problemas de Garrucha, donde el del término ocuparía un lugar relevante.

   En un intento de resolver tan complejo problema, el 31 de marzo de 1982, siendo presidente del Gobierno de la nación Leopoldo Calvo - Sotelo y Bustelo (UCD), el director general de Administración Local, Francisco Javier Soto Carmona, reunió en Madrid a los tres alcaldes implicados en el asunto: César Martín Cuadrado (Vera, PSOE), Francisco García Flores (Mojácar, UCD) y Adolfo Pérez López (Garrucha, UCD). Probablemente fue esta la primera reunión de los tres alcaldes con un representante del Gobierno nacional para intentar resolver el asunto del término municipal. El director general dijo que había recibido el expediente del Consejo de Estado invitándolo a que hiciera una oferta justa para los tres municipios, razón por la que exhortaba a los alcaldes a que hicieran una propuesta que armonizara los intereses de las tres partes. El alcalde de Vera propuso ceder el terreno comprendido entre la carretera de la variante exterior de Garrucha (oeste) y una línea que partiendo a trescientos metros del límite de Vera por el norte subiera desde la playa hasta alcanzar la citada variante exterior. Por su parte, el alcalde de Mojácar alegó la buena disposición que habían tenido siempre en beneficiar al municipio de Garrucha, en tal sentido propuso ceder el terreno suficiente para albergar la finca Vista Alegre, el cementerio, los depósitos de agua y la urbanización Acofar (farmacéuticos), reservándose para su término la estación de servicio. Por último el alcalde de Garrucha manifestó su desacuerdo con ambas ofertas, proponiendo como alternativa la cesión de los terrenos comprendidos entre los ríos Aguas y Antas, por considerar que eso era lo justo y razonable. Como es lógico, no hubo acuerdo. Sin embargo, en la reunión salió a relucir que en el escrito del Consejo de Estado al director general planteaba que se estudiara la posibilidad de fusionar los municipios de Vera y Garrucha, propuesta a la que no se prestó la más mínima atención, que además mostraba un gran desconocimiento de la raíz del problema.

   El panorama se enrareció cuando la Corporación municipal de Garrucha acordó en el pleno de 28 de septiembre de 1982 que a partir de esa fecha no se concederían más licencias de acometidas de agua fuera de su municipio (que era el núcleo urbano); respetando las ya existentes. Esto significaba que el paraje de Las Marinas de Vera, entonces en expansión, sería la zona más perjudicada por el acuerdo en cuestión.

   Meses después, en 1983, hubo un nuevo intento de solucionar el problema, para ello el gobernador civil Tomás Azorín Muñoz (socialista) se reunió con los tres alcaldes en el Parador Nacional Reyes Católicos de Mojácar, pero tampoco se acordó nada.. 

   Después de las reuniones de Madrid y el parador de Mojácar era evidente que el camino a seguir estaba sembrado de escollos que dificultaban sobre manera alcanzar una solución razonable, máxime cuando en virtud del Estatuto de Autonomía (1981) le competía resolver a la Junta de Andalucía (JA), gobernada por el PSOE, igual que la Diputación provincial y los alcaldes de Vera y Mojácar (ya socialistas los dos). Ninguno de ellos nada inclinado a beneficiar a Garrucha con un alcalde de centro derecha, aunque de candidatura independiente desde 1983 hasta 1995.

  

  Ciertamente se trataba de una lucha desigual, pero la razón y la constancia eran la clave para superar con éxito el secular problema. Así es que sin perder el ánimo el equipo de gobierno municipal continuó la batalla, manteniendo el asunto en los medios de comunicación en los que el alcalde aparecía con frecuencia. Era cuestión de que no decayera el interés de la opinión pública en la resolución del problema.

   También las relaciones con Mojácar se fueron deteriorando poco a poco, prueba de ello fueron los problemas que hubo para la concesión de acometidas de agua a su urbanización de la finca Marina del Faro; de la misma forma que ellos pusieron pegas para conceder al Ayuntamiento de Garrucha la licencia de obras del Colegio Público Ex Mari Orta, enclavado entonces en el término de Mojácar. El deterioro culminó cuando en la entrevista que mantuvieron el 29 de noviembre de 1988 ambos alcaldes, Bartolomé Flores le manifestó taxativamente al de Garrucha que ellos no tenían ninguna voluntad política de ceder nada.

   Así estaba la situación cuando finalizaba el año 1988: la  tramitación del expediente no avanzaba en ningún sentido. De modo que, convencido el equipo de gobierno municipal de Garrucha de que el expediente estaba encallado y que no existía voluntad política de resolverlo, decidió poner el asunto en manos de un abogado experto en la materia, para lo cual se eligió a Francisco Javier Soto Carmona, que dirigía un bufete en Madrid. Este abogado era el director general de Administración Local que reunió en Madrid a los tres alcaldes en marzo de 1982.   

   (Se aclara que el gobierno municipal estaba formado por toda la Corporación, ya que en las elecciones locales de 1987 tan solo se presentó la candidatura de la Unión Independiente de Garrucha, UIG, para el mandato de 1987 a 1991.)

   Una vez que en su visita a Madrid (12.12.1988) el alcalde Adolfo Pérez llegó a un acuerdo con el letrado Soto Carmona, el 22 de diciembre sometió a la consideración del pleno de la Corporación municipal una moción en la que, después de una somera exposición de lo ocurrido con el problema centenario del término, propuso la adopción de cuatro acuerdos, siendo el primero: “Decidir iniciar todas las actuaciones precisas para lograr, de acuerdo con la legalidad vigente y los antecedentes históricos, la fijación de un término municipal a GARRUCHA o, en su caso, la ampliación del actual territorio, que es el casco urbano”. Los otros acuerdo se referían al encargo de la dirección de todo el proceso al señor Soto Carmona y a su equipo; a la previsión de una consignación presupuestaria en 1989 de 2.500.000 pesetas (15.025 €); así como autorizar al alcalde - presidente para la firma del contrato de arrendamiento de servicios y el otorgamiento de poderes. Por unanimidad de los nueve miembros presentes, de los once que la integraban, la Corporación acordó aprobar la moción del alcalde. Ni que decir tiene que los cuatro acuerdos se cumplieron puntualmente. A partir de entonces comenzó la tediosa tramitación del expediente que duró algo más de cinco años, hasta 1994.

    La noticia de lo acordado por el Ayuntamiento de Garrucha, con la posibilidad de acudir a los tribunales de justicia para zanjar la cuestión de una vez, sorprendió en el ámbito gubernamental de la Junta de Andalucía que creía tener controlado el asunto. La noticia significó que la Consejería de Gobernación reiniciara la tramitación del expediente de fijación del término municipal.        

  

   Pero lo más curioso fue que el PSOE de Garrucha se arrogó la iniciativa de que fueron ellos los que consiguieron que la JA actuara de oficio. Un torpe y vano intento de ningunear al Ayuntamiento, razón por la que el alcalde Adolfo Pérez publicó un bando aclarando la situación (29.04.1989); llamando a los socialistas de Garrucha ‘elementos perturbadores’; además le escribió al presidente de la JA, José Rodríguez de la Borbolla, una carta abierta en la prensa (abril de 1989), incluido el ABC de Madrid, haciéndole los cargos sobre lo importante que era para Garrucha disponer de un territorio jurisdiccional, a la vez que se ofrecía a cooperar en todo lo necesario con el fin de agilizar la tramitación del expediente. Poco después en la Consejería de Gobernación reconocieron que la iniciativa era del Ayuntamiento de Garrucha.

   Igualmente, la decisión del Ayuntamiento de Garrucha causó nerviosismo en los ayuntamientos de Vera y Mojácar, que se consideraban amparados por el paraguas socialista de la JA, hasta el punto de que un concejal independiente de Vera, Antonio Ramírez Caparrós, le escribió al alcalde Adolfo Pérez una carta abierta en la prensa en la que, además de afearle la medida adoptada, le mostraba su preocupación por la más que probable decisión garruchera de acudir a los tribunales de justicia, razón por la que le proponía una negociación. Y esto último lo decía una persona que hasta el final se negó a dar un palmo de terreno a Garrucha, aunque cuando se solucionó el problema alardeaba ante unos y otros del acuerdo alcanzado.

   Por indicación del letrado Soto Carmona se hizo un estudio topográfico sobre el terreno para levantar un plano que recogiera la propuesta de término municipal. El estudio se llevó a cabo entre los días 20 y 25 de marzo de 1989 y lo realizaron el topógrafo de Madrid Álvaro Bustelo Buhigas y su ayudante, a los que guió y asesoró el vecino garruchero Francisco Quesada Flores, conocido como Frasquito el Morillo, agricultor y pastor jubilado, que conocía a la perfección el terreno de los alrededores de Garrucha y los del interior. El alcalde le decía que era una enciclopedia toponímica viviente. El coste del estudio topográfico fue de 1.900.048 pesetas (11.419 €).

   La propuesta territorial reflejada en el plano topográfico consistía en solicitar 1.340 hectáreas, de las que 360 eran las acordadas por el Ayuntamiento de Mojácar el 29 de julio de 1965 y aceptadas por el de Garrucha el 21 de septiembre siguiente. Respecto a Vera se proponía que fuera el terreno deslindado el 30 de abril de 1861, recogido en la orden del Ministerio de la Gobernación de 5 de junio de 1934, o sea, 980 hectáreas, cuyo límite costero era la desembocadura del río Antas.

   Para el 8 de mayo de 1989 el letrado Soto Carmona tenía elaborado el dictamen sobre el tema en cuestión. Un dictamen de 79 páginas, bien fundamentado, completo y minucioso, dividido en cuatro capítulos: antecedentes, encomienda, dictamen propiamente dicho y conclusiones. Su coste fue de 560.000 pesetas (3.365 €).

   El 29 de mayo de 1989 el pleno de la Corporación municipal de Garrucha aprobó dicho dictamen y el estudio topográfico realizado en marzo último con la propuesta de término de 1.340 hectáreas. Seguidamente se dio traslado del acuerdo y estudio topográfico a la Dirección General de Administración Local y Justicia de la JA. Asimismo, se acordó dirigirse a los ayuntamientos de Vera y Mojácar en petición de informes y documentos sobre el asunto, pero no contestaron. Dos meses después se les requirió la documentación solicitada sin que surtiera efecto alguno, a pesar de su obligación de aportarla; tampoco dio resultado dirigirse a las autoridades competentes de la JA para que, dentro de sus competencias, exhortaran a los alcaldes de Vera y Mojácar a cumplir con lo solicitado por el Ayuntamiento de Garrucha.

   Siguiendo la tramitación del expediente, la Dirección General de Administración Local de la JA solicitó un informe a la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, cuyo jefe del Servicio de Deslindes y Grandes Escalas comunicó al Ayuntamiento de Garrucha que los días 12 y 13 de diciembre de 1989 los técnicos del servicio tenían previsto realizar el estudio de campo para determinar la línea límite jurisdiccional del término de Garrucha. A tal efecto se transfirieron al tesoro público las 253.800 pesetas (1.525 €) que importaban las tasas del servicio y se nombró la comisión municipal asistente a la operación, formada por:

Alcalde:	Adolfo Pérez López
Concejales:	Paula Jiménez Morales
	Miguel Torres López
Suplentes:	José Mª Ruiz Pérez
	José Flores Jódar
Perito:	Pedro López Fernández
Peritos edad avanzada:	Francisco Quesada Flores Antonio Gallardo Flores
Secretaria  Corporación:	Rosa Salazar Villegas

   No cabía duda que el estudio de campo, el informe y la propuesta que realizara el Instituto Geográfico Nacional (IGN) serían fundamentales para la resolución del problema por parte de la JA o, en su caso, para una posible resolución judicial. Razón más que suficiente para que el alcalde y el equipo de gobierno extremaran la atención hacia los técnicos del IGN.

   El 12 de diciembre de 1989,  a las 9 horas, se reunieron en el Ayuntamiento de Garrucha los funcionarios del IGN y los de la JA para efectuar el estudio de campo:

   Francisco Buendía Lázaro, jefe del Servicio de Deslindes y Grandes Escalas.

   Adolfo Merás Perelli, jefe de la Sección de Deslindes y Replanteos.

   Martiniano Gómez Ocaña, operador técnico de campo.

   Gregorio Cruz Hernández, delegado regional del IGN.

 

   De la Dirección General de Administración Local de la Consejería de Gobernación de la JA asistieron dos funcionarios:

   José Luis Garzón Rojo, jefe de servicio.

   Carlos García Rubio, asesor técnico de Ordenación.

   Los seis funcionarios citados se reunieron en el Ayuntamiento de Vera con las comisiones municipales de Garrucha y Vera para tratar sobre el tema en cuestión. Ambos alcaldes expusieron sus distintos puntos de vista y aunque los técnicos del IGN aportaron algunas ideas no se percibió la posibilidad de llegar a acuerdo alguno. En esta reunión destacó por su beligerancia respecto a la cesión de terreno a Garrucha el concejal de Vera Antonio Ramírez Caparrós, ya citado con motivo de la carta abierta en la prensa al alcalde Adolfo Pérez. 

   Esa mañana hubo otra reunión con las comisiones de Garrucha y Mojácar. El alcalde de Mojácar, Bartolomé Flores, se reiteró en el acuerdo de su Ayuntamiento rechazando el anterior mediante el que cedían a Garrucha una porción de su territorio. El alcalde Adolfo Pérez y el asesor de la JA, Carlos García, le argumentaron que no era tan sencillo anular un acuerdo aceptado por la parte beneficiada, ya que crea una serie de derechos a su favor. En tales condiciones tampoco se percibió la posibilidad de alcanzar ningún acuerdo.

   Al día siguiente, 13 de diciembre, los seis funcionarios y las comisiones municipales dedicaron la mañana a recorrer el campo visitando la zona que, en principio, reclamaba Garrucha y que luego serviría para elaborar el informe y propuesta del IGN.

   Es justo decir que se percibía entre los técnicos, tanto los del IGN como los de la JA, un deseo de resolver el problema de forma razonable con el fin de que Garrucha obtuviera un término adecuado para sus necesidades y desarrollo.

   Con fecha 31 de agosto de 1990 el IGN propuso que la superficie total del término municipal de Garrucha debería ser de 1.256 hectáreas.

   La propuesta iba acompañada de un completo informe en el que, además de los antecedentes, se hacía una comparativa de las superficies de los términos municipales de la provincia de Almería, donde el de Garrucha apenas contaba. Se describían los 22 documentos y los 18 gráficos utilizados, así como el estudio sobre el terreno y la composición de las tres comisiones municipales. Finalmente, la propuesta se basaba (se basa) en seis premisas, siendo la primera: “Todo término municipal debe disponer de un territorio suficiente para su desarrollo y operatividad que, en todos los casos, exige bastante más que el correspondiente a su núcleo urbano”.

   La superficie total resultante para el término municipal de Garrucha resultaría ser de 1.256 hectáreas, de las que 739 hectáreas serían de cesión de Vera y 436 hectáreas de cesión de Mojácar, suponiendo entonces una superficie de hecho para Garrucha de 81 hectáreas. La línea límite del plano de la propuesta era nítida, sin problemas de interpretación; con una franja costera desde la desembocadura del río Antas hasta el final del antiguo ferrocarril de Garrucha a las minas de Bédar. La propuesta, lógicamente, iba acompañada de la correspondiente cartografía.

   Ni que decir tiene que la proposición del IGN produjo una gran satisfacción al alcalde y equipo de gobierno de Garrucha que al fin disponía del instrumento esencial que serviría de base para lograr un término jurisdiccional apropiado. Por el contrario, dicha propuesta cayó fatal en los ayuntamientos de Vera y Mojácar, bastante más en el primero. Ambos eran conscientes de qué lado se decantaba la solución del problema. En el Ayuntamiento de Vera la preocupación debía ser máxima, pues según publicó la prensa, casi dos meses después de conocerse la proposición del IGN, el 25 de octubre de 1990, su Corporación acordó dirigirse al rey y a los presidentes de las altas instancias del Estado oponiéndose a las pretensiones de Garrucha y sí a favor de un acuerdo, se supone que ventajoso para ellos. Evidentemente tal  iniciativa, excepto la del presidente de la JA, carecía de efectividad, como así sucedió.

   No obstante, y para prevenir cualquier eventualidad, el alcalde Adolfo Pérez le escribió al rey y a altas instancias del Estado rogándoles que instaran a la JA para que activara la tramitación del expediente. Excepto la Casa Real, que en febrero de 1991 remitió al alcalde el informe recibido de la JA, los demás contestaron diciendo que el asunto no era de su competencia. Es de suponer que lo mismo le sucediera a Vera.

   A partir de la propuesta del IGN el alcalde de Garrucha instó a la Dirección General de Administración Local de la JA que activara la tramitación del expediente. Desde entonces se produjo un tedioso trámite burocrático, con papeleo de escasa o nula relevancia: oficios, informes, notificaciones, petición de documentos, reclamaciones, etc., que sospechosamente solo servían para demorar la resolución del expediente, que de forma descarada se dilató en el tiempo sin que se solventara por sus cauces normales como después se verá, pues no cabe duda que el IGN los había descolocado, lo mismo a la JA que a los otros dos ayuntamientos.

  

   Es digna de mención la inesperada ayuda que se recibió del Partido Andalucista cuando en diciembre de 1990 representantes de ese partido contactaron con el alcalde Adolfo Pérez para mostrarle su interés por el asunto. El alcalde les explicó la situación, lo que dio lugar a que el 20 de diciembre de 1990 le hicieran cinco preguntas parlamentarias al consejero de Gobernación,  cuya exposición de motivos se basaba en el informe favorable a Garrucha por parte del IGN y en la demora de su tramitación con los tres ayuntamientos para alegaciones a fin de que se dictaminara la resolución definitiva. La iniciativa iba firmada por los parlamentarios Salvador Pérez Bueno (portavoz), Miguel Calvo Castaños y Mariano Pérez de Ayala Conradi. La respuesta del consejero fue denegatoria a la petición de información, apoyándose en argumentos jurídicos de escaso valor. En el mismo sentido, y en el Congreso de los Diputados (05.02.1991), el diputado del Partido Andalucista Antonio Moreno Olmedo le preguntó al ministro por el informe del IGN.

   Cerca de un año después del dictamen del IGN, en julio de 1991, la Consejería de Gobernación concedió el plazo de un mes para el trámite de audiencia en relación con el expediente, plazo prorrogado después hasta el 30 de noviembre a petición de la Diputación provincial y los ayuntamientos de Vera y Mojácar. Y fue en este trámite donde saltó la sorpresa. Resultó que la Diputación provincial, con el mayor descaro, propuso en su informe que se dotara a Garrucha de un término municipal de 169 hectáreas, considerando que disponía de 40 hectáreas en su núcleo urbano (la realidad es que oficialmente tenía 65’94 hectáreas). El resto del terreno lo cederían Vera y Mojácar casi a partes iguales; o sea, la propuesta era 7,43 veces menor que la del IGN. Semejante proposición se basaba en un tendencioso informe jurídico elaborado por el vicesecretario del organismo provincial con datos falseados, según se verá. Ni que decir tiene que el alcalde Adolfo Pérez, indignado, arremetió en los medios de comunicación contra semejante despropósito, que consideró una burla, además de un sectario posicionamiento por parte del presidente de la Diputación, Tomás Azorín Muñoz (socialista), en su intento de favorecer a los alcaldes (también socialistas) de Vera y Mojácar. Dadas las circunstancias, lo más acertado por su parte hubiera sido abstenerse de informar en ningún sentido puesto que no estaba obligado a hacerlo, evitando de ese modo colisionar con un municipio de su provincia. En la entrevista que en Almería mantuvo después el alcalde con el presidente Azorín (24.10.1991), Adolfo Pérez le manifestó que la propuesta era inaceptable por injusta y que en Garrucha lucharían por conseguir un término apropiado. Por cierto que el señor Azorín no quiso darle al alcalde una copia del plano resultante, aunque éste lo memorizó y lo pudo plasmar en un plano porque resultaba fácil hacerlo.

   Como cierre del expediente, el 19 de febrero de 1992 la Asesoría Técnica de Ordenación de la Dirección General Administración Local de la JA formuló un informe al respecto (el alcalde de Garrucha se hizo del mismo de forma privada). Se trataba (se trata) de un denso y completo informe de 41 páginas en las que se valoraban (se valoran) cada una de las actuaciones y documentos habidos a lo largo de los años, especialmente de los tres últimos. En cuanto a las alegaciones de la Diputación provincial, tendenciosas e impropias de esa institución, fueron desmontadas con suma facilidad, sin miramiento alguno por el asesor técnico de la dirección general, con frases tales como: “Se ha de manifestar la nula credibilidad de los datos en que se ampara el informe” (página 36). Más adelante, y referido a la extensión entonces de Garrucha, decía (dice): “En la misma línea de deformación de la realidad …” (página 36). Asimismo, en la página 36 utilizaba (utiliza) la demoledora frase siguiente: “La total falta de rigor en la información se pone una vez más de manifiesto”, frase referida a la tergiversación de datos aportados por el IGN. Y la quinta alegación la tildaba (tilda) de “pobre posicionamiento” (página 38). Así de penoso fue el comportamiento de la Diputación provincial respecto a Garrucha.   

  

   Por último, la Asesoría Técnica de Ordenación de la dirección general de la JA concluía el informe diciendo que se habían cumplimentado todos los requisitos exigidos por la normativa vigente a fin de que se pudiera dictar la correspondiente propuesta de resolución por parte de la Consejería para su aprobación posterior por el Consejo de Gobierno. Y añadía (añade) siete consideraciones finales, todas favorables al posicionamiento del Ayuntamiento de Garrucha, siendo la tercera la más notable, que decía (dice) así: “La objetividad de que goza el informe emitido por Instituto Geográfico Nacional de 31 de agosto de 1990”. Y en la sexta decía (dice) que la delimitación propuesta por el IGN estaba (está) basada en una línea límite nítida que evitaría problemas de interpretación en el futuro.

   El 13 de marzo de 1992 el alcalde de Garrucha, Adolfo Pérez, se entrevistó en Sevilla con el consejero de Gobernación, Ángel Martín - Lagos Contreras, en presencia del director general de Administración Local, José Antonio Sáinz - Pardo Casanova. Se trataba de conocer la postura del Ayuntamiento en el contencioso del término, la cual quedó meridianamente clara.

   (Se aclara que José Antonio Sáinz - Pardo Casanova está ligado a Garrucha con fuertes lazos familiares y sentimentales, pues su madre, Emilia, era garruchera. Tal circunstancia dio lugar a que los alcaldes de Vera y Mojácar pidieran su dimisión, ya que consideraban que su actuación en este asunto no era imparcial, dimisión que no se produjo. Incluso en el Ayuntamiento de Vera se barajó la idea de querellarse contra él por prevaricación, idea que no prosperó por la oposición del alcalde.)

  Con la misma intención, la semana siguiente el consejero se reunió en Sevilla con los alcaldes de Vera y Mojácar.

   El 17 de junio de 1992 el consejero de Gobernación se reunió en Sevilla con los tres alcaldes, pero después de exponer cada uno su planteamiento no hubo acuerdo a pesar de que el alcalde de Garrucha rebajó su pretensión respecto a la propuesta del IGN en 150 hectáreas. No obstante, la negociación quedó abierta en espera de que el consejero hiciera su proposición antes del 31 de julio siguiente.

   Según lo previsto, el 30 de julio de 1992 los tres alcaldes se reunieron de nuevo con el consejero de Gobernación en Sevilla. Entonces les propuso que Garrucha tuviera un término de 525 hectáreas, conservando Vera todo el paraje de Las Marinas. Al no aceptar el alcalde de Garrucha, la reunión acabó sin acuerdo; cerrándose, por tanto, las negociación. Más tarde, el 16 de diciembre de 1992, Adolfo Pérez se entrevistó en Sevilla con el consejero, que quería saber privadamente hasta donde estaba dispuesto a ceder el alcalde, el cual se mantuvo en la posición del 30 de julio último.

   A partir de entonces se vio claro que los gobernantes andaluces no se atrevían a resolver el expediente a pesar de los escritos y telegramas de reclamación, respetuosos pero duros, por parte del alcalde de Garrucha al presidente y al consejero, que hacía lo mismo a través de la prensa, en la que calificaba de pitorreo y choteo la actuación de la JA. Fue entonces cuando el alcalde de Vera dijo que si el alcalde de Garrucha no sabía resolver el problema que presentara la dimisión, o sea, que Adolfo Pérez dimitiera por no aceptar a sus pretensiones.

   Sin embargo, el alcalde de Garrucha supo del interés del consejero en solucionar el problema cuando se enteró que dos veces (14.05.1992 y 14.01.1993) visitó de incógnito la zona para estudiar personalmente el terreno y así disponer de elementos de juicio a la hora de resolver.

   La pasividad de la JA dio lugar a que el Ayuntamiento de Garrucha denunciara la mora en resolver el expediente y después, en septiembre de 1993, interpusiera el recurso de reposición previo a la vía jurisdiccional contra la presunta negativa de la dación de un término municipal a Garrucha. Transcurrido el plazo, el 2 de noviembre de 1993 el procurador Francisco Taboada Camacho acompañado del alcalde Adolfo Pérez, del concejal José Flores Jódar (el Cacheno) y del hijo del alcalde, Adolfo José Pérez Liria, presentó recurso contencioso - administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, por la misma causa que la expuesta en el recurso de reposición. Poco después la Sala de lo Contencioso - Administrativo admitió a trámite el recurso y abrió el plazo de alegaciones a las partes.

   La iniciativa de ir a los tribunales debió preocupar en los ayuntamientos de Vera y Mojácar y al consejero de Gobernación, pues la propuesta del IGN y el informe de la Asesoría Técnica de Ordenación les pesaban como una losa por la probable sentencia de los tribunales. La nueva situación hizo que el consejero formulara una propuesta de resolución que el 29 de noviembre sometió al dictamen del Consejo Andaluz de Municipios y Provincias. Tanto el proyecto de decreto como el plano de la propuesta se lo hicieron llegar al alcalde Adolfo Pérez para que lo estudiara.

   No obstante, en la JA decidieron que se negociara con los tres alcaldes la propuesta del consejero. A finales de diciembre de 1993 se supo que iba a mediar en la negociación el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), y alcalde de Málaga, Pedro Aparicio Sánchez, que fue aceptado con agrado por los alcaldes.

   Pero resultó que por esas fechas dimitió el alcalde de Mojácar, Bartolomé Flores, a causa de una moción de censura propiciada por el Partido Popular. Mientras, actuó como alcalde en funciones el primer teniente de alcalde, Alonso Ridao Grima. Esta circunstancia significaba un importante contratiempo que produjo incertidumbre en cuanto al futuro de la prevista negociación, pues un alcalde en funciones carecía (carece) de competencia para negociar la alteración de su término municipal, además se desconocía cuál sería la posición en el asunto del nuevo alcalde y su equipo de gobierno de signo político (centro derecha) contrario al saliente (socialista), bien es cierto que los nuevos gobernantes municipales de Mojácar eran de la misma ideología política que los de Garrucha.

   Dadas las circunstancias, y como era lógico suponer, el que iba a ser nuevo alcalde de Mojácar, Juan García Flores, manifestó en los medios de comunicación su desacuerdo con la negociación, anunciando que no reconocería la decisión tomada por un alcalde que ocupaba un cargo de forma irregular.

   Pese al enrarecido ambiente político de Mojácar y a las advertencias de su futuro alcalde, la convocatoria de la reunión negociadora del término se mantuvo, de forma que el lunes 24 de enero de 1994 por la mañana se reunieron en el Parador Nacional Reyes Católicos de Mojácar los tres alcaldes: César Martín Cuadrado (Vera), Alonso Ridao Grima (Mojácar, en funciones) y Adolfo Pérez López (Garrucha), con el presidente de la FAMP, Pedro Aparicio Sánchez. La negociación se desarrolló en un ambiente cordial, para la que sirvió de base el plano de la última propuesta del consejero de Gobernación de la JA.

  

   Primeramente se negoció la cesión de Mojácar, que duró poco ya que ambas partes, de principio, estaban de acuerdo, pues el alcalde mojaquero se negó a incluir la estación de servicio El Molino, pero sí el terreno suficiente que rodeara el cementerio de Garrucha, que era el punto más lejano por el sur, además se incluyó bastante terreno del interior.

  

   En cuanto a Vera la negociación fue más compleja, pues si bien ambos alcaldes estaban de acuerdo respecto a las tierras del interior, que se consideraban suficientes, no sucedía lo mismo con la franja costera y el paraje de Las Marinas, que la propuesta del consejero incluía dentro de Vera. Después de un intenso debate el alcalde de Vera se avino a ceder la parte de Las Marinas situada a la izquierda de la salida de Garrucha y parte de la situada a la derecha. En cuanto a la costa, Garrucha recibió una franja de 300 metros a partir del espigón de levante del puerto. Así es que después de cuatro horas de negociación se llegó a un acuerdo amistoso que ponía fin a un problema que duraba ya ciento treinta tres años. Era la primera vez que un alcalde de Vera se avenía a cederle terreno a Garrucha para su término municipal. El acuerdo produjo satisfacción entre la población, excepto la oposición socialista de Garrucha que mostró su desacuerdo.

   Una vez alcanzado el acuerdo era preciso contactar con el nuevo alcalde de Mojácar, Juan García Flores, elegido pocos días después, el cual había manifestado que no reconocía lo acordado por Alonso Ridao Grima, que no representaba a nadie, según afirmaba; no obstante Adolfo Pérez sabía, confidencialmente, que sí estaba conforme con lo convenido como después se vio. Se deja constancia que el alcalde de Garrucha lo había invitado a asistir a la reunión, cosa que Juan García declinó.

   Así es que el 5 de febrero de 1994 se reunieron de nuevo en el Parador Nacional Reyes Católicos de Mojacar los alcaldes de Vera y Garrucha con el nuevo alcalde de Mojácar, Juan García Flores, al que se explicó lo acordado en la primera reunión. Tras una amplia deliberación los tres alcaldes decidieron dar su conformidad plena y expresa al acuerdo alcanzado el 24 de enero, haciendo constar en el documento que suscribieron las delimitaciones de los tres términos, con especificación de la línea límite del término municipal de Garrucha, que era la misma que la propuesta por el consejero en el proyecto de decreto, excepto la nueva del norte, la que afectaba a Las Marinas de Vera, de cuya redacción se encargó el propio Adolfo Pérez.

   Los alcaldes de Vera y Mojácar solicitaron una serie de compensaciones por la cesión de terrenos a Garrucha, las cuales hicieron constar en el acta.

   Para ratificar y realzar el acuerdo histórico alcanzado, en la tarde del 9 de febrero siguiente se celebró en el Ayuntamiento de Garrucha un acto institucional presidido por el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves González, junto con los tres alcaldes. Además de las tres corporaciones municipales y el numeroso público asistieron: la delegada del Gobierno en Andalucía, Amparo Rubiales Torrejón; el consejero de Gobernación, Ángel Martín - Lagos Contreras, el presidente de la FAMP, Pedro Aparicio Sánchez; el director general de Administración Local, José Antonio Sáinz - Pardo Casanova; el presidente de la Diputación provincial, Tomás Azorín Muñoz; el gobernador civil, Pedro Valdecantos García; y el delegado de Gobernación de la JA, Emilio Martínez Martínez.     

   En el acto intervinieron el presidente de la JA y los tres alcaldes. Adolfo Pérez pronunció un no extenso pero emotivo discurso por haberse logrado el término municipal, un hecho histórico para Garrucha después de ciento treinta y tres años, a la vez que les daba las gracias individualmente al presidente de la JA, al consejero de Gobernación y al director general de Administración Local.

   El acto fue aprovechado por miembros de una plataforma comarcal para manifestarse en contra del precio del agua de la empresa Gestión de Aguas del Levante Almeriense (GALASA), gestionada por la Diputación provincial y los ayuntamientos de la comarca.

  

   Una vez alcanzado el acuerdo comenzaron los trámites para legalizar la realidad del nuevo término. Uno de ellos fue el dictamen del Consejo de Estado, que el 7 de abril de 1994 dictaminó a favor de que el Consejo de Gobierno de la JA aprobara el decreto de asignación del término municipal. Por cierto que a los pocos días el consejero permanente Miguel Vizcaíno Márquez (Ohanes, Almería, 1913), de forma confidencial, le envió el dictamen al alcalde Adolfo Pérez.

   El orden cronológico de la tramitación final del expediente, toda dentro del año 1994, fue como sigue:

   17 de mayo: El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el decreto de la Consejería de Gobernación por el que se aprobó la asignación de término a Garrucha a expensas de los términos de Vera y Mojácar.

   El término fue dotado, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), con una superficie total de 767,6748 hectáreas y un perímetro de 15.240 metros.

   25 de mayo: El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó el citado decreto, que entró en vigor al día siguiente.

   13 de junio: El decreto fue publicado por el Boletín Oficial del Estado (BOE).

   15 de junio: La Sala de lo Contencioso - Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía acordó tener por desistido al Ayuntamiento de Garrucha en el recurso planteado sobre el término, procediéndose a su archivo. 

  

   10 de agosto: Fecha en que publicó el decreto el Boletín Oficial de la Provincia de Almería (BOPA).

   19 de septiembre: El alcalde de Garrucha sometió al pleno de la Corporación municipal una moción en la que, después de hacer un somero repaso de lo acontecido a partir del día 22 de diciembre de 1988, fecha clave para la resolución del expediente del término, antes citada, propuso que se adoptaran varios acuerdos relacionados con el asunto, entre ellos tomar conocimiento de la publicación en el BOJA del decreto de asignación del término jurisdiccional a Garrucha; reconocerle al Gobierno de la Junta de Andalucía (JA) su buena voluntad en la conclusión del contencioso, y lo mismo a los ayuntamientos de Vera y Mojácar por su actitud positiva. Debatida la moción, por siete votos a favor del grupo independiente y cuatro en contra del grupo socialista se aprobaron los acuerdos propuestos por el alcalde.     

   21 de septiembre: Los ya citados técnicos del IGN deslindaron el término municipal. El lugar de cada mojón se señaló con estacas de madera. A la operación asistieron las comisiones de los tres municipios y los ya citados funcionarios de la JA.

  

   23 de septiembre: El Régimen Jurídico del Ministerio de Administraciones Públicas modificó en el Régimen de Entidades Locales la nueva superficie del municipio de Garrucha.

   26 y 27 de octubre: Se colocaron los 18 mojones de hormigón necesarios, de forma cilíndrica, en los lugares señalados con estacas por los técnicos. La operación de colocar los mojones fue dirigida y realizada por el oficial de albañil, Miguel Torres López, que a su vez era concejal del equipo de gobierno municipal de Garrucha.

   3 de noviembre: En el salón de sesiones del Ayuntamiento de Garrucha se celebró el acto de la firma y sellado del deslinde del término por parte de las tres comisiones municipales, junto con los mismos técnicos del IGN y los dos funcionarios de la JA. Y así concluyó el expediente del término.    

Consideraciones finales

   Es cierto que el logro del término municipal causó satisfacción en la gran mayoría de la población de Garrucha, aunque no todos comprendieron la magnitud de lo conseguido. También hubo personas, pocas, que no quedaron satisfechas, entre ellos los mandatarios socialistas locales, que exigían más franja costera. Sin embargo, muy pocos se preocuparon de la mayor o menor extensión de terreno cedido en el interior.

   Debe tenerse muy en cuenta que Mojácar no fue municipio matriz de Garrucha, razón por la que no hubiera sido justo exigirles más tierra de la que generosamente cedieron, que dejaba dentro todos los servicios municipales en esa zona.

   En cuanto a Vera, municipio matriz, cedió una importante cantidad de terreno, con la inclusión de gran parte del paraje de Las Marinas, más un trozo de costa. Intentar arrebatarles su zona costera hasta el río Antas suponía despojarles de una importante fuente de riqueza municipal, cosa que no hubiera sido justa.

   Se entiende, pues, que Garrucha dispone de un término municipal apropiado, con tierras suficientes para desenvolverse de forma adecuada.  

   En este asunto el alcalde Adolfo Pérez actuó siempre de acuerdo con el equipo de gobierno, que dejó en sus manos la solución del problema; además se aconsejó de garrucheros de su confianza, que tienen un buen sentido de las cosas. Esas personas animaron al alcalde a que aceptara la propuesta final.    

  

  Salón de sesiones del Ayuntamiento de Garrucha; miércoles 9 de febrero de 1994, 17 horas. Discurso del alcalde Adolfo Pérez López con motivo de la ratificación pública por parte del presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves González, del acuerdo alcanzado por los alcaldes de Vera, Mojácar y Garrucha sobre la asignación de término jurisdiccional a este último municipio.

Texto del discurso del alcalde

  Señor presidente de la Junta de Andalucía sea usted bien venido a Garrucha. Lo mismo le digo a los que han tenido la amabilidad de acompañarnos en este solemne acto, que verdaderamente es histórico para nuestro municipio.

   Con frecuencia se abusa del término histórico y, sin embargo, hoy se puede afirmar con toda propiedad que el día 24 de enero de 1994 pasará a la historia de Garrucha como una efeméride en la que se completó el largo camino recorrido para alcanzar su plenitud como municipio al reconocerle en este acto el presidente de la Junta de Andalucía, don Manuel Chaves González, cuál va a ser su término municipal.

   Han transcurrido ciento treinta y seis años desde que se creó el municipio de Garrucha. Era el día 16 de marzo del año 1858 cuando se promulgó la Real Orden durante el reinado de Isabel II. Casi tres años después, el 1º de enero de 1861 se constituía su primer Ayuntamiento, siendo su primer alcalde Manuel Berruezo Ayora. A él y a la primera Corporación garruchera le dedico hoy mi afectuoso recuerdo. De la misma forma lo hago extensivo a los cuarenta y nueve alcaldes que le sucedieron y a sus respectivas corporaciones, ya que todos ellos desearon como nadie, según se desprende de la historia del municipio, que Garrucha tuviera su término municipal.

   A nosotros nos ha tocado vivir el momento tan deseado, después de haber llegado a un acuerdo amistoso con los alcaldes de Vera y Mojácar aquí presentes.

   Debo decir que nos sentimos muy satisfechos de haber alcanzado este acuerdo por la vía del diálogo, el consenso y la amistad, pues todos sabemos que a nadie hubiera dejado satisfecho de haberse producido de otro modo. Esa es la verdad.

   Haber resuelto este grave problema en las condiciones apuntadas, después de casi un siglo y medio enquistado, entiendo que es ejemplar y así creo que lo entenderán las personas de  buena voluntad. Desde luego serán pocos, aunque la razón y el sentido común le digan otra cosa, los que se empeñen en no verlo así, pero, como  suele decirse en el lenguaje de la calle, ese es su problema.

   Por eso dejaremos constancia de este ejemplar acuerdo para las generaciones de garrucheros que nos sucedan, a fin de que lo valoren en su justa medida y le muestren siempre a los pueblos de Vera y Mojácar su agradecimiento por su desinteresado desprendimiento como nosotros se lo mostramos ahora, personificándolo en sus alcaldes, César Martín Cuadrado y Juan García Flores, respectivamente, así como a sus corporaciones, junto con nuestra amistad.

   Asimismo, le expreso mi gratitud y afecto al consejero de Gobernación, don Ángel Martín - Lagos Contreras, con el que he tenido algunos desencuentros en la tramitación del expediente que nos ocupa. Sin embargo, su propuesta de término municipal para Garrucha ha sido asumida prácticamente en su totalidad, y gracias a ella se ha llegado a la solución amistosa de un problema tan difícil de resolver.

   Igualmente le expreso mi gratitud y afecto personal a don José Antonio Sáinz Pardo Casanova, director general de Administración Local y Justicia, el cual ha soportado incomprensiones en este asunto en las que yo tampoco he sido ajeno, pero en su haber queda la elegancia con que las ha soportado y su gran labor en la instrucción de tan dificultoso expediente.

   Al presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, don Pedro Aparicio Sánchez, alcalde de Málaga, le testimonio nuestro reconocimiento por su ayuda en una negociación harto compleja, en la que supo crear un grato ambiente.

   Por último expresar nuestra gratitud a todas aquellas personas que desde los diferentes organismos e instituciones han colaborado en la resolución del expediente, sin olvidarme de los medios de comunicación por el seguimiento exhaustivo que han realizado durante estos años.

   Señor presidente, muchas gracias por el impulso que le ha ido dando a la resolución de un problema que viene de tan lejos en el tiempo. No olvidaremos que bajo su mandato Garrucha ha obtenido su término municipal.

   Que la Virgen del Carmen los proteja a todos. Muchas gracias